El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), el Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas y la Red Andaluza por la Igualdad y los Derechos Humanos han presentado este martes sendos escritos ante la Fiscalía de Sevilla, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Agencia Española de Protección de Datos al objeto de denunciar la existencia de "ficheros ideológicos de activistas" por parte del Gobierno y solicitar la apertura de diligencias de investigación por si estos hechos pudieran ser constitutivos de sendos delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas y contra la intimidad de las personas.
Por este mismo motivo, hasta 70 organizaciones han firmado un 'Manifiesto contra la represión política, social y sindical. No más listas negras de activistas', todo ello además en el día en que el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla había citado a declarar como imputados a diez "reconocidos defensores de derechos humanos y civiles en la ciudad" por la presunta ocupación ilegal de un inmueble, denominado 'La Huelga', en el número 38 del Muro de los Navarros, declaraciones que finalmente han sido suspendidas 'sine die'. Para este miércoles está prevista la declaración de otros diez imputados por estos mismos hechos.
En rueda de prensa, el portavoz del Grupo 17 de Marzo, Luis de los Santos, ha explicado que desde el año 2001 han reunido "indicios y pruebas" de que, por parte de la Brigada de Información y del Grupo Hércules del Cuerpo Nacional de Policía, "y con el conocimiento" tanto de la Delegación del Gobierno como de la Subdelegación, "se están usando listas de ciudadanos" sin antecedentes "y se les está imputando simplemente por su ideología política", por lo que ha mostrado su malestar "por el retroceso en derechos humanos y civiles".
Así, ha hecho referencia al caso del Muro de los Navarros, señalando, tal y como consta en la denuncia elevada a la Fiscalía, que muchos de los imputados "aseguran no haber sido identificadas nunca en ese inmueble, entre otras razones porque nunca han ido o ni siquiera se encontraban ese día en Sevilla", al tiempo que ha añadido que la identificación fue realizada por el Grupo Hércules "y parece basarse en los antecedentes ideológicos de algunos de ellos, los cuales solo los han podido obtener de alguna base de datos que los contenga".
En la denuncia, en la que se hace referencia a otros casos similares como el asalto al edificio del Rectorado o la protesta por el desalojo de 'La fábrica de sombreros', las organizaciones consideran que dichos ficheros "pueden tener una finalidad ideológica, ya que es cuanto menos extraño que todas las personas que aparecen pertenezcan o hayan pertenecido en algún momento de su vida a la izquierda sindical, política y social de la ciudad de Sevilla", por lo que pide al Ministerio Público que abra diligencias de investigación al objeto de esclarecer los hechos denunciados.
ESCRITO A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Asimismo, y en el escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, las organizaciones solicitan que se analice el tipo de archivos que "utiliza" la Policía Nacional "para elaborar sus informes y qué personas sin antecedentes policiales ni penales se encuentran en ellos", así como se analice "qué infracciones han podido cometerse y, en caso afirmativo, se le apliquen las medidas correctoras, sanciones e indemnizatorias a los ciudadanos afectados, conforme a la legislación aplicable".
De su lado, el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha considerado que "todo lo que está ocurriendo tiene detrás una presión política, pues el poder judicial no es independiente", señalando que "no es casual que el SAT tenga 350 imputados y multas por valor de 400.000 euros", motivo por el que se ha declarado "insumiso judicial". "El SAT lleva 35 años de lucha pacífica, pero detrás está la PSOE, que se ha convertido en una empresa de corrupción y de ladrones", ha apostillado.
En la rueda de prensa también han intervenido Federico Noriega por parte de la Red Andaluza por la Igualdad, y la portavoz de los imputados, Mariluz Domínguez, quien ha querido dejar claro que "no somos criminales, pero se nos trata como tales". "Siempre se nos está criminalizando", ha concluido.
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