SE INICIA UNA ACAMPADA INDEFINIDA DE TRABAJADORES INMIGRANTES EN CÁCERES

Cerca de un centenar de trabajadores inmigrantes de la comarca de Campo Arañuelo se han manifestado hoy a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres para reclamar una mayor igualdad en sus condiciones laborales respeto a los españoles y que se respeten los convenios colectivos.
Tras la concentración, los manifestantes han iniciado una acampada indefinida en el Paseo de Cánovas, hasta que se resuelvan sus peticiones, una circunstancia para que la que han solicitado "la solidaridad" de sociedad cacereña.
El secretario de Organización de CNT-Extremadura, Gonzalo Palomo, ha indicado que estos trabajadores se sienten discriminados por su situación laboral, "en unas condiciones infrahumanas y con unas problemas en lo que a su situación laboral se refiere, difíciles de justificar, que imposibilitan que esos trámites se puedan concretar".
En su opinión, la actual Ley de Extranjería divide a los ciudadanos en categorías, "y el reglamento recientemente aprobado establece unos requisitos imposibles de cumplir en muchas ocasiones", ha advertido.
Especialmente preocupante le parece, en este sentido, la situación de las familias que cuenten con miembros reagrupados, "cuya tarjeta no sea permanente, ya que renovar sus permisos es aún más difícil que antes de que se aprobara dicho reglamento", ha añadido.
"Cada trabajador reagrupante deberá contar con al menos una nómina por mes, doce nóminas al año, de una cuantía de al menos el 150 por ciento del IPREM, lo que supone unos 800 euros mensuales para quienes vivan en Extremadura, cuando apenas llegan a cobrar 600 euros por la acción denigrante de los encargados", ha asegurado.
A este respecto, ha indicado que al exigirse una cuantía aún mayor, "las irregularidades sobrevenidas se multiplicarán, porque es imposible que jornaleros agrícolas, en tiempos de crisis económica y de crisis del campo, consigamos ganar lo que se les exige".
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CNT-Extremadura, Obed Santos, ha criticado que se exijan requisitos como presentar el contrato de la vivienda para pedir un certificado de empadronamiento.
Por estos motivos, ha reclamado que se construyan más viviendas sociales, ya que hace más de siete años que no se hacen en Navalmoral de la Mata.
Sólo se ejecutan Viviendas de Protección Oficial (VPO) cuyos altos precios, 60.000 euros, dejan fuera a la mayoría de las familias".